28 de agosto de 2015

LA TUMBA DE FRANCO




Franco inaugurando las obras del Valle de los Caidos (01/04/1940)
El PSOE e Izquierda Plural han retomado el asunto de la exhumación de los restos del dictador, de sacarlos de la Basilica del Valle de los Caídos y para ello junto con ciertas actuaciones de remodelación del complejo piden dinero, más o menos cuatro millones de euros. Estaremos todos de acuerdo en que la cantidad es totalmente injustificable, cualquier funeraria del país haría el trabajo por unos miles de euros y el problema quedaría resuelto, una vez que los restos del dictador y de José Antonio fueran entregados a sus familiares sería el momento de decidir que hacer con el "Valle".

Desgraciadamente la Ley 52/2007 no se define en relación con el destino del Valle de los Caídos a pesar de que dispone de un artículo exclusivo referido al mismo:
Artículo 16. Valle de los Caídos:
El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos.
En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo.
Si tenemos en cuenta que todo el "Valle" en si  mismo es un homenaje al dictador, su particular mausoleo, una exaltación del golpe de estado, de la posterior sublevación militar y de la dictadura franquista, parece claro el soporte legal que ampara las peticiones de PSOE e Izquierda Plural en relación con las exhumaciones y también que estas deberían contar con el beneplácito de todos los partidos politicos con representación parlamentaria.

Según estudios forenses realizados en 2010 se encuentran depositados en las fosas comunes de sus criptas los restos de 33.847 personas de las cuales solo están identificadas 21.317, la inmensa mayoría , por no decir su totalidad, prisioneros republicanos obligados a compartir fosa con su verdugo y que igualmente deberían ser trasladados. 

El mausoleo parece que ni siquiera pertenece a Patrimonio Nacional aunque es el Estado quien corre con los gastos de su mantenimiento según una ley promulgada por el dictador el 23 de agosto 1957 y aún vigente, ley en la que se otorga la custodia y uso a la Iglesia Católica sin que ésta tenga que rendir cuentas sobre sus actividades o ingresos derivados de su explotación, una ley que define al complejo así:
"Un magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación para honra de quienes dieron su vida por Dios".
Se habla de "remodelar" el "Valle" para convertirlo en un lugar dedicado a la memoria de las victimas de la Guerra Civil, hace un año Santos Juliá, Profesor emérito de Historia Social y Pensamiento Político, fue preguntado por esta opción y expresó lo siguiente:
"Es un lugar de resignificación imposible, es un monumento de los vencedores para celebrar el triunfo de la cruz y el triunfo de la cruzada. Resignificarlo como lugar de encuentro o reconciliación me parecía imposible, no podía ser. Y, como habían aparecido unas grietas, dejar que la naturaleza siguiera su curso, dejar de atender su mantenimiento. Sólo podrá ser un lugar hermoso cuando sea un lugar en ruinas. Los frailes que se vayan a otro lugar. Dejarlo que caiga. Eso es lo que haría yo. En el caso de que siga, hay que trasladar los cuerpos a tumbas familiares, eso por supuesto. Es de cajón." ( eldiario.es 13.09.2014)

Comparto totalmente lo expresado por el profesor Juliá, su coste es cero y su derrumbe paulatino a causa de su progresiva ruina vendría a recordarnos el destino de la dictadura franquista y de sus símbolos.



Benito Sacaluga

12 de agosto de 2015

ES LO QUE PARECE




Que Rodrigo Rato goce de plena libertad a pesar de las imputaciones a las que tiene que hacer frente provoca perplejidad e inmediatamente indignación. Muchas son las pruebas en su contra que Rato puede manipular o hacer desaparecer y muchos los compinches a los que puede exigir un trato de favor hasta que todos sus problemas con la justicia queden solucionados con alguna multa, que es lo que sucederá. Sin embargo Rato se queja de que los saldos de sus cuentas corrientes y su patrimonio estén judicialmente embargados y de que permanezcan así hasta que no deposite la fianza de 18.000.000,00 de euros exigida por el juez, fianza confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, calificándola como adecuada y razonable en base a la existencia de “datos suficientes” que indican que Rato pudo cometer varios delitos fiscales y otro de blanqueo de dinero. Por otro lado andan por los juzgados sus imputaciones relacionadas con la salida a bolsa de Bankia y las "tarjetas black". Por el asunto de las "black" Rato depósito una fianza de 3 millones de euros, por el asunto de Bankia fue ella misma quien en nombre de Rato hizo el depósito. 

Gracias a que Rato no está en prisión provisional no ha tenido ningún problema en reunirse con quien le ha apetecido, gracias a la prensa sabemos que lo ha hecho con el ministro del Interior pero de los demás contactos, que a buen seguro habrá mantenido, nada sabemos. De lo hablado en la reunión entre Rato y el ministro nada sabemos ni nada sabremos, aunque conviene resaltar que dicha reunión se produce cuando aún se estaba dirimiendo cuál iba a ser la instancia competente para llevar a cabo la investigación, que finalmente ha recaído en la Audiencia al haber apreciado la Agencia Tributaria, la Fiscalía y el juez indicios de un delito de blanqueo de capitales cometido en el extranjero. 

El Partido Popular y el presidente del Gobierno callan y nos remiten a todos a la comparecencia forzada que al parecer va a efectuar el ministro Fernández Diaz en el Congreso el próximo viernes día 14, unas explicaciones que nos llegarán 15 días después de haberse celebrado la reunión entre ambos amigos y compañeros de partido y que desde luego estarán suficientemente preparadas entre las partes implicadas. Tan preparadas que hasta Rajoy ya nos ha avisado que de las declaraciones de su ministro no se va a desprender nada en particular diferente a lo que ya nos han contado, vamos que en la reunión mantenida en la misma sede del Ministerio por "transparencia" sólo se trataron "asuntos personales" y que el ministro aceptó recibir a Rato con la "condición" de no abordar su situación procesal, es decir que los españoles somo todos idiotas, incluido Rato.

El hecho cierto de que un miembro del Gobierno se reúna en privado con un presunto delincuente ya de por si es suficiente motivo para que Rajoy hubiera cesado al ministro de forma fulminante, si no lo ha hecho ha sido a causa de que Rajoy puede que conociese la reunión y que además la autorizase.

Ni Congreso, ni Senado, ni gaitas, lo que debería hacer el juez a la vista de estas maniobras entre el Partido Popular, el Gobierno y Rato es meter a Rato en la cárcel para evitar que destruya pruebas y chantajee voluntades, además de exigir al ministro de Interior una declaración en sede judicial de lo tratado en la reunión. Si no se hace así, pues eso, que el asunto de Rato y Fernández Diaz es exactamente lo que parece, una burla a la justicia y a todos los que estamos seguros de que dos y dos son cuatro.


Benito Sacaluga