11 de marzo de 2014

EL ESTABLISHMENT Y LA JUSTICIA







En 1955 un periodista británico acuñó el término "Establishment" para referirse al grupo dominante que ostenta el poder en una nación. Un grupo que al menos está compuesto por los dirigentes políticos, los altos funcionarios públicos, los financieros,  los empresarios más importantes, los directivos de los medios de comunicación afines al gobierno y, en el caso de España, por los miembros de la casa real y sus familias, por la corte y sus cortesanos.

Inmediatamente nos damos cuenta de que si bien los dirigentes políticos y los altos cargos pueden variar, el resto de los miembros del "establishment" permanece formando parte de el independientemente del color político del gobierno. Los diferentes medios de comunicación alternarán en su pertenencia al grupo dependiendo del partido gobernante, el poder financiero, el poder empresarial y la corte nunca dejarán de estar presentes en el grupo dominante.

Parece claro concluir que en un Estado de Derecho es la Justicia la encargada de controlar al establishment, la responsable de que el poder no incumpla las leyes y la encargada de sentenciar todos los comportamientos delictivos que aquellos que ostentan el poder puedan cometer. En resumen debemos pensar, deberiamos estar convencidos, de que la Justicia no forma parte del establishment. Digo deberiamos precisamente porque no es posible estar convencidos de esa independencia de la Justicia cuando sus miembros más importantes están designados por el grupo que ejerce el poder. Parece lógico y es lícito pensar y hasta afirmar que tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía forman parte del establishment y además solo mientras que el poder del grupo lo considere necesario para sus intereses. Prácticamente la dependencia de la justicia para con el poder puede ser demostrada con un simple silogismo.

A los ciudadanos nos queda la confianza. La confianza en que la Justicia actúa libremente respetando al pie de la letra el Artículo 14 de la Constitución:
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna ( y aquí añado yo: ni positiva ni negativa) por razón de nacimiento,raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
El establishment nos pide cada día que confiemos en la justicia, mal empezamos si ellos mismos aceptan la existencia de fisuras desde el mismo momento en que ante evidencias inocultables la Justicia llama a sus puertas.

Se suele decir que a las personas y por extensión a las instituciones se les debe juzgar por su hechos y no por sus dichos, si nos atenemos a esta recomendación tan lógica y conveniente y analizamos el comportamiento de la Justicia en determinados casos, lo que realmente nos piden no es confianza, es fe ciega.

Antes de decidir si finalmente cerramos los ojos, o simplemente miramos para otro lado, no nos vendría mal atender a lo que Vicenç Navarro Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, nos dice refiriéndose a España en relación con la imagen y grado de confianza que de su Justicia exporta :
1. El sistema judicial, que alardea de haber tenido un sistema de jurisdicción universal que permitió detener a Pinochet en su visita a la Gran Bretaña, ha ignorado sistemáticamente la búsqueda de los asesinos y cómplices de los asesinatos políticos, de las detenciones y torturas ocurridos durante la dictadura, una de las más sangrientas que ha habido en Europa. Según el Profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York, experto en fascismo europeo, por cada asesinato político que realizó el régimen liderado por Mussolini, el dirigido por Franco cometió 10.000. Ninguno (repito, ninguno) de los asesinos y represores ha sido juzgado durante el periodo democrático, debido a una ley de amnistía que les ha protegido. El sistema judicial no se da cuenta, por lo visto, de que carece de legitimidad y de credibilidad cuando se presenta como garante de derechos humanos a nivel mundial.  
2. El Estado español no ha ayudado a las familias de las personas asesinadas por el golpe militar y por la dictadura que se estableció a encontrar a sus seres queridos (140.000 desaparecidos en total, aunque es probable que el número sea incluso mayor). España es el segundo país del mundo (después de Camboya) donde hay un mayor número de personas desaparecidas por causas políticas. De nuevo, el Estado español no tiene ninguna legitimidad ni credibilidad para presentarse como gran valedor de los derechos humanos. Ha ignorado sistemáticamente las peticiones de las Naciones Unidas de resolver este caso de clara violación de los derechos de las víctimas. El interés en ayudar a las víctimas del terrorismo está escandalosamente sesgado políticamente. El comportamiento judicial y político hacia las víctimas del terrorismo es diametralmente opuesto al que se tiene hacia las víctimas del terrorismo del Estado dictatorial.
3. El único juez en España que intentó juzgar los crímenes políticos realizados durante la dictadura, el Sr. Baltasar Garzón, y ayudar a los familiares de las víctimas en su búsqueda de los desaparecidos, fue expulsado del estamento judicial, y ello como respuesta a una causa judicial iniciada por un movimiento de ultraderecha ligado a la Falange, el instrumento político del régimen fascista anterior. Y el establishment político conservador aplaudió esta expulsión, ignorando el enorme desprestigio que dicho acto significó para España a nivel internacional.
4. La expulsión del juez Garzón fue apoyada también por el establishment conservador pues ello permitió obstaculizar las investigaciones realizadas sobre el caso Gürtel, el mayor caso de corrupción política que ha habido en España, en el que este establishment conservador está implicado. Esto es conocido ampliamente en la opinión internacional y muy en especial en Europa.
5. Un juez intentó investigar el comportamiento delictivo cometido por los equipos de Bankia, responsables, en parte, de una de las mayores crisis financieras que España ha tenido. A las pocas semanas de iniciar tal intento fue encausado y uno de los banqueros más responsables de esa fallida financiera salió indemne. 
6. A uno de los miembros de la familia real, la hija del Rey, socia de una de las empresas que ha canalizado para beneficios privados fondos asignados para instituciones públicas, se la disculpa aceptando la postura de que ella no sabía nada de nada, pues confiaba plenamente en su esposo, único malo de la película. Y la opinión en Europa y Norteamérica interpreta que todo ello es una farsa.
7. En Catalunya, el caso Millet continúa, desde 2009, a un paso lentísimo, a pesar de la evidencia de que hubo una transferencia de fondos masiva a instituciones políticas, en una clara violación de la ley. El establishment político catalán no tiene nada que envidiar al español en su carencia de credibilidad en su supuesta defensa de los valores democráticos.
Y podría continuar citando casos y más casos que dan una imagen bochornosa de la justicia de este país, y que contribuyen a dar mala imagen y dañar la marca de España en el extranjero. Se me dirá, con razón, que en todas partes cuecen habas. Pero no en la misma intensidad, frecuencia y tanta impunidad como en España. Spain, después de todo, is different.
Hace dos días, altos responsables del Partido Popular han vuelto a expresar sus dudas sobre la sentencia judicial dictada sobre los atentados del 11M a tono con su teoría conspiratoria islamica-masónica-etarra-socialista. El pasado siete de marzo la jueza Alaya ha visto como la Audiencia Provincial de Sevilla la obliga a dejar la instrucción del caso de las facturas falsas de UGT. La Fiscalía quiere frenar en seco la investigación de las preferentes de Bankia, mañana......
Estas situaciones los ciudadanos no las entendemos a no ser que seamos muy mal pensados y además se da la circunstancia de que tampoco nos las explican. No se puede confiar en lo que se desconoce, como dije antes solo nos queda la fe, entendida como la suposición de que algo reflexionado por uno mismo es correcto aunque falten pruebas para llegar a una certeza sobre ese algo. Lo malo en este caso es que además de faltar pruebas para llegar a la certeza, lo que existen son pruebas en el sentido contrario.

Delitos prescritos, indultos, medios de defensa alcanzables solo para el establishment, retrasos inexplicables, tratos de favor en las comparecencias, aforamientos,.... La balanza de la justicia se inclina hacía el lado del poder demasiadas veces y  cuando lo hace en su contra su espada no le alcanza.

Benito Sacaluga.










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