11 de junio de 2017

AMNISTÍA FISCAL.....Y PENAL



Dicho y hecho.
(Imagen: .attacmadrid.org)
Que el Tribunal Constitucional (TC) haya tardado más de cinco años en sentenciar la amnistía fiscal del PP (2012), teniendo en cuenta que su inconstitucionalidad era de libro, de manual, preocupa y ofende. El injustificable retraso contrasta con la celeridad del TC a la hora de valorar la inconstitucionalidad del pretendido referendum catalán, algo mucho más complejo y que sin embargo se solventó en pocos días.

Cinco años es el periodo de tiempo fijado por las leyes tributarias para que una infracción fiscal, sea cual sea su importe prescriba. Por otro lado tenemos los delitos fiscales, aquellas infracciones intencionadas cuyo importe supera los 120.000 euros. En el caso de delitos fiscales el tiempo de prescripción de los mismos pasa a depender del importe defraudado. De forma general el plazo se sitúa en cinco años, pero si el delito supera la cuantía de 600.000 euros o se ha cometido la defraudación en el seno de una organización o de un grupo criminal, toma la consideración de delito fiscal agravado y la prescripción sería a los 10 años y no a los 5.

Ya resulta vergonzoso, además de inconstitucional ( Sentencia TC/08-06-2017), que el Estado haya permitido evadir impuestos de forma legal, eso es lo que ha hecho con su amnistía de 2012, pero más vergonzoso aún si cabe es mirar para otro lado ante la cierta existencia de delitos penales, delitos preseuntamente cometidos por los más de 30.000 españoles que se acogieron a la operación "blanqueo" diseñada por el partido gobernante, por el Partido Popular. En definitiva y a la vista de las actuaciones en relación con la procedencia del dinero evadido, además de una amnistía fiscal el Partido Popular a llevado a cabo una amnistía penal encubierta mediante decreto ley, al menos y hasta hoy sobre aquellos delitos cuya prescripción esta tasada en los cinco años. Para aquellos calificados de agravados todavía están a tiempo de actuar pero no lo harán, a pesar de que en ninguna parte del vergonzoso decreto ley de 2012 se excluye la responsabilidad penal derivada de la procedencia del dinero oculto a la hacienda española. Delitos que de ser probados judicialmente supondrían penas de prisión de hasta 10 años para los defraudadores, acompañadas de multas que podrían alcanzar hasta seis veces la cantidad defraudada.

Dadas las actuaciones judiciales derivadas de casos de corrupción hemos tenido la oportunidad de conocer nombre y apellidos de 60 evasores, un 0.19% de los más de 30.000 que se acogieron a la amnistía. Esta ocultación de datos y la inacción derivada ¿es fruto de un pacto no escrito entre el Gobierno y los defraudadores?. Teniendo en cuenta que el portavoz parlamentario del Partido Popular ha reconocido públicamente que se obró a la "desesperada" no resulta en absoluto descabellado valorar la existencia de ese pacto, de esa "paz" negociada entre Gobierno, Hacienda y Justicia, llevada a cabo pasándose por el forro la CE-78.

Poco, tendente a cero, fue lo que se recaudó con la infame amnistía, tampoco llegaron a España los capitales defraudados, se declararon si, pero la inmensa mayoría de ellos siguen en bancos extranjeros, a pesar de esta realidad incontestable el Partido Popular, en un alarde de falta de respeto a todos los españoles, nos dice hoy que dicha amnistía nos libró de un seguro rescate. ¿Hasta cuando seguirán negado el rescate?, negando la evidencia de que se nos concedió una cuenta de crédito por importe de 100.000 millones de euros y que los señores de negro de la Troika aterrizaron en nuestro país para comprobar in situ que a la población se les recortaban sus derechos. Por otro lado, ¿los mil y pico millones recaudados podrían haber evitado cualquier rescate?, ¿el problema de España eran mil y pico millones?

Pero no pasa nada. Por otro lado, o por el mismo, la Agencia Tributaria ha sufrido un recorte de más de 2.000 inspectores. Los inspectores, en una Nota recién emitida, advierten de que las políticas de recortes iniciadas con la crisis en 2008 siguen activas, sin haberse producido giro alguno en la dotación de recursos a la Administración Tributaria y manifiestan que  la Agencia Tributaria está al límite de su funcionamiento. Así lucha contra el fraude el Partido Popular. con el beneplácito de C's.

Lo dicho, amnistía fiscal y penal y ambas sin soporte constitucional y además vía decreto. No pasa nada.

Eso si, os recuerdo a todos que el próximo día 30 finaliza el plazo para presentar la declaración de la renta correspondiente a 2016. Que no se le olvide a nadie, de no presentarla a tiempo le caerá una sonora multa por su presentación fuera de plazo, y si sale a pagar pues eso, a pagar, ya que en caso contrario veréis como la Agencia Tributaria embarga vuestros salarios, cuentas corrientes y hasta la propia vivienda. por el importe no pagado incrementado con jugosos intereses y multas. Las deudas tributarias de los trabajadores no son amnistiables, ni siquiera negociables, las de los golfos si.

Ahora viene la pregunta del millón:

¿Como es posible que un partido politico que está investigado por corrupción, que no solo no cumple con la Constitución sino que se la salta a la torera mediante decreto, un partido con más de 800 militantes imputados en los tribunales siga gobernando? Más aún: ¿Como es posible que no esté ya ilegalizado?. Los del PP lo tienen claro, sus votos, sus votantes le proporcionan una especie de absolución.





Si no se hace nada y finalmente se arma la de San Quintín la culpa será de los comunistas...como en el 36.



Benito Sacaluga.